Las oficinas de Aqualia están colapsadas con las cientos de quejas de vecinos que están llegando
El PSOE de
Gibraleón ha denunciado “el caos en la facturación del agua” desde tras la
privatización del servicio con los votos a favor del equipo de Gobierno del PP
y de los dos concejales de IU. Así, el secretario general de los socialistas en
el municipio, José Manuel Álvarez, destacó que “después de la venta del agua a
la empresa Aqualia, “las facturas se han llevado meses sin llegar, y ahora
nuestros vecinos se enfrentan a elevadas facturas, a las que muchos no pueden
hacer frente”.
En
este sentido, el también concejal socialista afirmó que “nos hacemos eco del
enfado generalizado que hay en Gibraleón, ya que prometieron bajar el precio y,
sim embargo, “los olontenses la estamos pagando a precio de oro”. Además, “los
desorbitados recibos llegan y nadie explica a qué se deben tales cantidades”.
De
este modo, Álvarez ha culpado directamente de la situación al alcalde del PP,
José Ramón Gómez Cueli, y al portavoz de IU, Domingo González, “como ideólogos
de la operación de venta e impulsores de la privatización”. A su juicio, “ambos
le han mentido al pueblo cuando decían que se iba a pagar menos con la nueva
empresa que con el servicio público que prestaba Giahsa”. Por tanto, para el
PSOE, “Gómez Cueli y Domingo González son cómplices y culpables de esta
desastrosa situación”, añadió.
Según
el dirigente socialista, hasta las oficinas de Aqualia “están llegando cientos
de quejas de vecinos ante el pésimo servicio y el incremento notable del
precio, que en algunos casos supera el 100%”. Además, “las colas para reclamar
son de hasta dos horas”. Según Álvarez, “a otros vecinos le han llegado a
cobrar dos veces la misma factura, en un descontrol absoluto en la gestión”.
En
esta línea, el secretario local del PSOE, lamentó “que a pesar de la subida en
la factura, el agua es de pésima calidad por el exceso de cloro algunos días,
ha bajado la presión en muchas viviendas y hay numerosos cortes en el
suministro”. Por tanto, “el alcalde del PP y el portavoz de IU tienen que
responder por sus decisiones contra lo público y contra los intereses de los
ciudadanos que pagan más por un peor servicio”.
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