La alcaldesa de Gibraleón,
la socialista Lourdes Martín, ha señalado este miércoles que el equipo de
gobierno está estudiando pedir responsabilidades personales al anterior alcalde, el popular José
Ramón Gómez Cueli, y a los concejales del PP e IULV-CA que, en el pleno del 11
de julio de 2013, votaron a favor de la salida de la Mancomunidad de
Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), “aún a sabiendas del
perjuicio que ello ocasionaría en el bolsillo de todos los olontenses”.
Todo
ello después de que la MAS haya notificado al Ayuntamiento de la localidad el
inicio del procedimiento de apremio en vía ejecutiva de casi 1,5 millones de
euros, correspondiente a la parte de la indemnización que, según el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (TSJA), el municipio debe afrontar por abandonar el
servicio de Giahsa.
Al
respecto, en declaraciones a Europa Press, la alcaldesa ha hecho hincapié en
que “el Ayuntamiento no se encuentra en disposición de afrontar este pago”, a
lo que ha añadido que “si así fuera, el Consistorio tendría que cerrar sus
puertas mañana mismo”.
En
esta línea, ha manifestado que la situación económica del ente local es
“precaria, fruto de la nefasta gestión del anterior equipo de gobierno”, indicando
además que la penalización por la separación de la MAS es “sólo una de las
tantas sanciones que nos vamos encontrando a diario por un trabajo mal hecho”.
La
notificación de la providencia de apremio, a la que ha tenido acceso Europa
Press, da de plazo hasta el día 20 de este mes de diciembre para que el
Ayuntamiento efectúe el pago de la cantidad reclamada, tras el cual “se
procederá sin más al embargo de sus bienes”.
Esta
indemnización tiene su origen en 2013, cuando el Ayuntamiento olontense, gobernado
por entonces por el PP, aprobó el 11 de julio su salida de Giahsa, encomendando
el servicio temporalmente a la empresa privada Aqualia.
La
alcaldesa ha hecho hincapié en que desde el momento en el que se notificó a
este Ayuntamiento que se enfrentaba a una posible indemnización, el equipo de
gobierno “ha estado trabajando en ello, consiguiendo paralizar la deuda durante
unos meses, pero llegados a este punto estamos buscando fórmulas de futuro,
porque si precaria es la situación actual, peor puede ser la de mañana, si
llegado el momento tenemos que afrontar el pago de 4,5 millones de euros”.
Además,
ha remarcado que, para poder afrontar el pago de esta deuda y sus intereses en
cinco años, el Consistorio “tendría que incrementar las tarifas del agua más de
un 20 por ciento de inmediato”, algo que desde el equipo de gobierno socialista
rechazan “frontalmente”, ha recalcado Martín.
Asimismo,
la primera edil recuerda que los concejales socialistas de la anterior
legislatura ya advirtieron de “la grave decisión que tanto el Partido Popular
como Izquierda Unida estaban tomando, siendo conscientes de que esta sanción
tarde o temprano llegaría”.
Por
todo ello y ante “la gravedad” de estos hechos, el Ayuntamiento está estudiando
las posibles medidas a su alcance: jurídicas, administrativas y políticas, con
el fin de obtener “la solución más beneficiosa para los ciudadanos y ciudadanas
de Gibraleón”.
